#OllantaCumplio,

viernes, septiembre 01, 2017 Nadine Heredia Alarcón 0 Comments


La denuncia que afronto, junto a mi esposo, miembros de mi familia y el Partido Nacionalista, tiene sus orígenes en una investigación del año 2009, que fue cerrada en dos instancias fiscales y reabierta 5 años después.

No es una denuncia por corrupción, es decir, por recibir dinero durante el gobierno para favorecer a una empresa, es una imputación por haber recibido, según la Fiscalía, aportes a la campaña del 2006 por parte del ex presidente Hugo Chávez y el 2011 de la empresa Odebrecht, respectivamente.

Quienes vivieron la campaña del 2006 deben acordarse de que el supuesto dinero venezolano fue el sambenito que distintos sectores mediáticos y políticos, siguiendo al entonces candidato Alan García, nos endosaban por estrategia electoral.

Incluso, el congresista Mauricio Mulder decía que habían ingresado al país tropas chavistas por la frontera con Bolivia e hizo hablar a un falso militar venezolano de apellido Boyer, quien reconocía haber traído el dinero de Chávez para la campaña del candidato Ollanta Humala. Algunos meses después, ese mismo venezolano denunció, a través de Canal N, que dicho parlamentario le había ofrecido 40 mil dólares para mentir y le reclamaba su pago. Aquel lo trató de loco.

Sucedieron, a lo largo de los años, varias versiones sobre el dinero venezolano: que venía en valijas diplomáticas, que llegaban en cajas de leche Gloria, en maletines, etc. Historias que cambiaban de nombres, montos y años, recreando el mismo tema sin ninguna prueba, más que la generación de un rumor.

Aquellas versiones periodísticas volvieron en el año 2011 a la carpeta del fiscal Juárez Atoche en palabras de testigos protegidos y aspirantes a colaboradores eficaces.

Por ejemplo, el falso militar venezolano “Capitán Boyer” volvió a escena, tal y como informaron los medios de prensa, como colaborador del fiscal, presentando una carta espuria del ex presidente Hugo Chávez, que increíblemente la Fiscalía invocó como prueba. 

Sabemos de sobra por la prensa, quiénes son esos testigos protegidos colaboradores. Lo sabe el Fiscal, lo saben los jueces y lo sabe la ciudadanía, pero yocomo imputada, no puedo revelar los nombres para defenderme y demostrar que mienten, porque constituye un delito develar la identidad de un colaborador de la justicia. Mientras tanto, en estos tiempos, los dichos de estos “testigos” son tomados como verdad por un fiscal, que voluntariamente no verifica y no corrobora lo que se señala, y por jueces que no se lo exigen.

Como parece que tengo que probar que soy inocente y no al contrario, mi defensa presentó, en su momentosenda documentación que acredita que no hubo ningún ingreso de dinero proveniente del estado venezolano a la campaña del año 2006.

Existe la declaración testimonial del presidente Kuczynski y del ex presidente Toledo ante el Fiscal JuárezTambién del ex Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) 2006, Julio Abel Raygada, quien fue a su vez Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. Asimismo, la declaración testimonial del Director de la DIGIMIN (2005-2008) General PNP(r), Jorge Washington Cárdenas Sáenz.

Cada uno de ellos desmiente haber informado, visto o tomado conocimiento acerca de la llegada de dinero procedente de Venezuelasin embargo, esos testimonios no son tomados en cuenta. El fiscal arma su propia historia en base al relato de sus colaboradoresque -sin ninguna corroboración- adquieren inusitado valor probatorio.

Adicionalmente, obra en la carpeta Fiscal el oficio N° 050-02-2016-DIRNOP  PNP/OFINTE- GREIS que descarta el presunto ingreso al país de valijas diplomáticas con dinero proveniente de la Repúblicade Venezuela a nombre de Virly Torres el año 2006 para financiar la campaña de Ollanta Humala.

Se hizo débil la imputación sobre dinero venezolanosin embargo, a partir del año 2011, se inició una búsqueda, desde otro frente, acerca de mis actividades, fuentes de ingresos, propiedades, pertenencia a organismos no gubernamentales, sociedades y empresas.

A su vez, acusaciones de todo tipo sirvieron para que se ordenara -múltiples veces- levantar mi secreto tributario, bancario y de comunicaciones en varias comisiones parlamentarias manejadas por fujimoristas y apristas.

Incluso, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional fue activada para que el Fiscal Juárez Atoche pudiera conocer si algún miembro de mi familia o yo teníamos cuentas no declaradas en el exterior, cuentas offshore, si el Partido Nacionalista había sido financiado a través de offshores o si teníamos ONGs en el Perú o en el extranjero.

Los resultados de la cooperación internacional en Francia, Brasil, Panamá, Venezuela, Barbados, ItaliaSuiza y otros concluyeron que no teníamos ninguna actividad en dichos países.
En Lima, la ONG Prodin, a la que se me vincula, no recibió donaciones de fuente ilegal, ni de Odebrecht, y la pequeña empresa Todograph, que pertenece a mis primos y sobre la cual se pretendió atribuirme lapropiedad, a través de un documento falso (y en fotocopia), dejó de funcionar por la estigmatización de la que fue objeto mediáticamente.

Todo este despliegue de investigación internacional (que abarcó la búsqueda desde el año 2006) se hizo sin ser yo funcionaria pública y mucho antes de que se conocieran las declaraciones del grupo Odebrecht.


Distinta es la Fiscalía ahora para otros políticos que  han sido funcionarios públicos. Para ellos, hay que esperar que llegue la información de Curitiba…

Ejerzo mi derecho legítimo a la defensa, pero también a protestar por la falta de equidad en el tratamiento, en relación con otros investigados. El doble rasero, la búsqueda del chivo expiatorio, desmerece al sistema de justicia y peor aún la lucha frontal contra la corrupción de la que tanto se ufanan aquellos que sí han sido servidores del Estado y que, al mismo tiempo, han hecho campaña electoral desde el año 2006.

Mientras los encargados de turno de ejercer justicia tienen en sus narices serios indicios e investigaciones diseminadas (que deberían acumularse) en relación a otros políticos, nosotros somos privados de nuestra libertad por simples sospechas, por testimonios sin corroborar, inventándonos arbitrariamente absurdas hipótesis de fuga, cuando lo cierto es que desde el día 1, que surgieron estas investigaciones, hemos estado enfrentándolas aquí y ahora.

(Realizo esta comunicación en ejercicio de mi derecho fundamental a la libre opinión reconocido en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú) *Texto entregado a través de mi abogado.

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