#OllantaCumplio,

miércoles, agosto 23, 2017 Nadine Heredia Alarcón 0 Comments


Durante el quinquenio 2011- 2016, el gobierno del presidente Ollanta Humala apostó por la educación como la prioridad en la agenda pública nacional. Dos ministros libraron la batalla junto a él por la Reforma Educativa. Esto se sintió no solo en el presupuesto asignado a la cartera de Educación, que pasó del 2.9% del PBI en el 2010 al 4% en el año 2016 -una cifra nunca antes alcanzada en la historia de nuestro país-, sino sobre todo en el interés que el mismo Presidente de la República imprimía en visibilizar las propuestas de cambio en la carrera docente y la mejora en infraestructura escolar.

Programas como Qali Warma que al año 2016 atendía a más de 3 millones 100 mil niños en el ámbito nacional. 

El incremento salarial a los maestros, que fue el mayor de los últimos 50 años, las capacitaciones docentes en universidades nacionales e internacionales. La intervención en el mejoramiento de infraestructura de más de 4 mil centros educativos, con colegios en las alturas de Ayacucho, Huánuco, Amazonas o Apurímac, por ejemplo, sin nada que envidiar a las grandes unidades escolares en Lima. 

La ejecución del Plan Selva para mejorar las capacidades de la educación pública en la Amazonía y la construcción de colegios acordes a las necesidades de las comunidadesLa aprobación de la Educación Intercultural Bilingüe como política de estado. La estrategia multisectorial del MinsaMinedu y Midis para el “Buen Inicio del Año Escolar”, que garantizaba desayuno y chequeos médicos periódicos a todos los niños desde el inicio de sus clases. 




La ampliación de los créditos estudiantiles y cómo no la entrega de 100 mil becas a adolescentes de nulos recursos, a través de Beca18, Beca VRAEM, Beca REPARED -para los hijos de las víctimas de la violencia interna-, Beca Licenciados, Beca Doble Oportunidad, Beca Excelencia. Así también a jóvenes de bajos recursos y alto potencial con Beca Presidente de la República, Beca Docente, entre otras.

Todo ello es resultado de un arduo y constante esfuerzo del presidente Ollanta, quien fijó un rumbo para los años venideros y comprometió a los ministros de Economía de su período en no bajar la guardia, en no desatender el sector. Tenía la seguridad de que una educación de calidad no solo era un derecho de todos nuestros niños, sino que era posible, de la mano del maestro, su permanente capacitación y su compromiso por sacarlos adelante.

Nunca se creyó ese estigma de que el sector Educación “no sabe gastar” y así lo demostró. El gobierno llegó a aumentar el presupuesto del sector en 4% del PBI por primera vez en la historia del Perú y a establecer altos porcentajes de ejecución. El presupuesto se usaba y se usaba eficientemente.

Lo señaló la OCDE en un informe acerca del quinquenio 2011-2016. “Los avances educativos en los últimos años han sido significativos (…) La educación peruana ha adquirido un papel central en la agenda política, lo cual es fundamental para fortalecer las bases del desarrollo futuro. Las medidas que se están implementando en los últimos años avanzan en la dirección correcta para cerrar las brechas existentes en acceso, calidad y pertinencia de la educación".

Sin embargo, no fue una reforma fácil de implementar, hubo mucha resistencia, al inicio sobre todo. Se necesitó mucha capacidad de diálogo por parte de la ministra Patricia Salas y de su equipo. Nuestros maestros temían, como ahora, por sus puestos de trabajo. El gobierno del presidente Ollanta viajó a muchas regiones, provincias, distritos, anexos, con equipos simultáneos, en conversaciones que tomaron meses.

Todo el Gabinete daba el respaldo necesario a la reforma. No se estigmatizaba a los maestros, la gestión consideró contraproducente que, por la sospecha contra una persona, acabaran metiendo en el mismo saco a todo el magisterio.

El nivel de diálogo con el ministro Jaime Saavedra no se redujo, por el contrario, se intensificó, de cara a las primeras evaluaciones de maestros, recogiendo su problemática y retroalimentando a la administración para las mejoras debidas.

El Presidente imprimió su propio sello en los discursos que diariamente daba en las diferentes regiones del país. Casi siempre visitaba una escuela pública para referirse a los beneficios de la reforma, a la calidad de los maestros que necesitábamos, al derecho que tienen de ser reconocidos en sus remuneraciones. A ser capacitados y evaluados en una verdadera carrera meritocrática, que los revalore frente a la sociedad como formadores de nuevos liderazgos en nuestro país. La última Prueba Pisa, realizada sobre las acciones del Gobierno Nacionalista, reveló que, al año 2016, el Perú fue el país que más avanzó en su rendimiento en ciencias, matemáticas y comprensión lectora en toda América Latina.

El presidente Ollanta comprometió a maestros, padres y niños en esta ardua tarea. En la certeza de que toda gran transformación pasa, indubitablemente, por sentar bases fuertes y duraderas de una buena educación en el país. Convirtió la política educativa peruana en una política de Estado, que sobrepasara los gobiernos y, en esa línea, brindó todo el apoyo necesario para que la nueva gestión mejorara lo necesario y continuara con lo bueno.

Asimismo, como lo necesitan todos los grandes cambios en los países democráticos, el Ejecutivo necesitó el valioso apoyo del Congreso de la República, y así fue. La bancada nacionalista, buscando las alianzas necesarias, trabajó junto a sus colegas congresistas para que los cambios normativos y presupuestarios fueran aprobados y encaminados. La tarea no siempre fue fácil. La Reforma Universitaria, por ejemplo, elaborada con la participación de todos los sectores involucrados, tuvo la férrea oposición del fujimorismo y el Apra, denunciados por defender intereses particulares de universidades privadas.  La educación se impuso y logró aprobarse.

Hoy, el panorama es diferente, vemos una mayoría parlamentaria obstruccionista, que -persiguiendo intereses subalternos- busca estancar una negociación difícil de por sí.

Sin dejar de reconocer los errores de coordinación y de posicionamiento en el Ejecutivo, la oposición debe dejar de lado sus propias ambiciones. La educación no puede tomarse como un botín político, eso denota en el fujimorismo el escaso interés en un tema que debiera merecer la unidad nacional.


(Realizo esta comunicación en ejercicio de mi derecho fundamental a la libre opinión reconocido en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú) *Texto entregado a través de mi abogado.

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