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La paz nace de la justicia

Los días aquí son rígidos y solitarios. Una rutina autoimpuesta me ayuda a estar y continuar ocupada en la habitación en la que estoy la mayor parte del día. Seis meses después de que ingresé puedo decir que mi ambiente, aunque pequeño, se ha convertido, en medio de la adversidad, en un espacio cálido.

Las pocas visitas que recibo, familiares y amigos, a menudo me traen lecturas que son compañía de horas y días que refrescan mi mente y me mantienen al corriente de lo que viene aconteciendo. No estoy exenta de posiciones políticas, ni de reacciones ante el panorama presente, así que aplaco la desazón e impotencia frente a los momentos turbulentos que vive nuestro país, con literatura que me transporta a otras latitudes y tiempos, a otros personajes, a la ficción que entretiene por ser distante, mientras ansío la rectificación del cauce.

Mis hijas, que me regalan el ánimo que a ellas también les falta por momentos, tuvieron la genial idea de hacerme escuchar canciones que me gustan cuando les hablo por teléfono. Para nosotras, la música tiene esa fuerza de evocar recuerdos que solo con ella existen. Mi hija menor me hizo un cancionero a mano que alimenta en cada visita y la mayor, una canción hermosa que se escucha, en su voz, aún más bella y potente.  Son fuertes y sensibles, tienen esa mezcla que les permite reconocer las situaciones de injusticia y desigualdad mientras permanecen vigilantes con entereza y agradecidas con lo verdaderamente importante.

Me sorprende mi pequeño que a sus 7 años soporta este embate con gran aplomo y mucha fe. Me alegra con sus anécdotas y entusiasmo por el futbol. Un día es Gallesse o Guerrero, otro Farfán o Cueva. Vive su selección nacional e intensamente su primer mundial.
Pienso en las decenas de mujeres que he visto llegar a este penal, hundidas en el dolor, la desesperación y la angustia de no comprender por qué la sola sospecha de haber cometido un delito, las separó siempre de sus familias automáticamente. Los nuevos ingresos llegan siempre a la celda de al lado para ser evaluadas, clasificadas y esperar su derivación a un pabellón. Mientras tanto, ese primer choque con la prisión, provoca reacciones diversas, llantos, desmayos, gritos de cólera e impotencia; algunas veces también la frescura e indolencia de las reincidentes.

El Papa Francisco tiene siempre palabras referidas a problemas que afectan nuestras vidas y sobre todo a la de los más vulnerables. La cárcel es uno de esos lugares donde su voz resuena al encontrar una realidad que impacta. Aquí es, probablemente, donde mejor se comprende su mensaje a favor de los “descartados de la sociedad” a los que se refiere con frecuencia. Se entiende con mayor intensidad su invocación a cuidar la familia y a preservar el derecho de los hijos a vivir al lado de sus padres. Aquí es donde mejor se comprende que la paz nace de la justicia.

A menudo llegan al penal, mujeres que cometieron errores u otras que delinquieron flagrantemente, pero con mayor frecuencia, ingresan mujeres inocentes que por su condición de pobreza no pueden conseguir un abogado que pruebe su inocencia. Madres con hijos pequeños, apenas de meses, embarazadas o madres solteras, que tuvieron que ser separadas de sus hijos, ingresan a esta zona de prevención, sin esperanza. Aquellas que la sociedad del descarte expulsó y encerró son las que más sufren. Me pregunto si es justicia la que encierra para investigar y deja hijos en el desamparo.
Lo veo a diario en la desesperación de mujeres que son traídas de otras regiones, alejadas de su familia; lo escucho en el llanto de quienes se vieron involucradas, muchas veces sin saberlo, en supuestos delitos y que son consignadas aquí sin acusación y menos sin una sentencia, a cumplir penas que los verdaderos responsables no tendrán.

Y entonces una se pregunta si es necesario, por ejemplo, enviar a una mujer con embarazo avanzado a una prisión donde no hay médico, por una sospecha de peligro ¿Acaso la ley no prevé otras medidas? Lo mismo pasa con madres de hijos pequeños, varias madres solteras, cuyos hijos terminan entrando a un albergue cortando súbitamente los lazos, mientras que ellas pasan años sin condena legal, sin haberse practicado las pruebas en su contra o sin poder apelar las resoluciones por falta de defensa.

Los abogados defienden y resaltan la importancia fundamental de la adecuada motivación de las resoluciones judiciales, señalan que no deben ser genéricas, ni invocar un peligro abstracto, también están de acuerdo en que la prisión preventiva es una medida excepcional y extrema. Siendo así, yo solo la entiendo en aquellos casos en que se ha verificado que no existe ninguna otra alternativa que permita que el investigado siga respondiendo (y por cierto, defendiéndose) dentro del proceso.

La frecuencia de mujeres que ingresan desde diferentes zonas del país a este penal, por la sospecha de la comisión de un delito, da cuenta de la aplicación indiscriminada y hasta mecánica de la prisión preventiva. Dudo mucho que no existan medidas menos gravosas y a la vez eficientes. La prisión no solo conlleva la pérdida de la libertad sino que se enfrenta al derecho ciudadano a la presunción de inocencia e incluso vulnera el interés superior del niño.

La presunción de inocencia, como derecho fundamental, se convierte por la aplicación de esta gravísima medida cautelar en una presunción de culpabilidad sin mayores requisitos.
Para hacer el parangón más amplio, imaginen a un padre de familia que recurre a una asociación bajo la promesa de un terreno para su familia a cambio del pago de cuotas mensuales. Con la ilusión de un hogar, traslada a su esposa y a sus hijos pequeños desde un pueblo del interior del país, sin saber que ese terreno le pertenece al Estado. Cuando el terreno es intervenido capturan a su esposa y la separan de sus hijos por formar parte de una organización criminal, su vinculación es figurar en la relación de socios (beneficiarios) de la Asociación.

Hablemos de otro caso, otra madre, incluso abuela, que en su pueblo natal cocina para quien le compre. Es acusada de terrorista porque le vendió alimentos a un “compañero”. Es desarraigada de su tierra, de su familia e hijos por vender alimentos, una actividad que realizaba para subsistir. Me pregunto, en cualquiera de estos casos, si la prisión preventiva es indispensable y absolutamente necesaria.

¿Por qué la prisión de estas personas tiene que anteceder a las pruebas que debieran ser las que verdaderamente sostengan la culpabilidad y la pena? ¿Por qué las personas tienen que saldar con su prisión la ineficiencia del Estado para “garantizar el proceso”?

En muchos casos invocar la garantía del proceso o evitar el “riesgo de fuga” parece ser la lógica absurda que termina imponiéndose a derechos como la libertad y la presunción de inocencia, constitucionalmente amparados. La facilidad con la que se acoge la prisión preventiva, frente a medidas menos restrictivas, termina convirtiendo lo incierto, lo ambiguo, lo dudoso, lo hipotético y discutible, en una pena anticipada.

Me disculparán los que celebran estas medidas por “ejemplificadoras” pero creo que se puede actuar de otra manera, sin extralimitarse, respetando derechos constitucionales, aplicando medidas alternativas, sin arbitrariedad y dotando al Estado de mejor capacidad de control, para que no recaiga su responsabilidad en el ciudadano a quien se termina trasladando, con la privación de la libertad, la carga absoluta del riesgo que todo proceso implica.

La mediatización y politización de las investigaciones también son un problema serio. El derecho a un proceso justo, sin la sanción mediática que acompaña a menudo a estos casos y que enerva los indicios a nivel de prueba irrefutable, lastima intensamente la ocurrencia de un proceso objetivo.

Que quien delinquió debe tener condena, derivada de un proceso en igualdad de armas procesales, como los abogados bien señalan, eso no está en duda; pero ante el llanto desesperado de quien no tiene ni libertad, ni familia, una se pregunta si no hay otra forma de que sea “más justa la justicia”.


El Ministerio Público ha decidido investigar a la señora Keiko Fujimori y al señor Alan García por lavado de activos bajo el marco de la Ley contra el Crimen Organizado. Una movida que -por súbita- aparece como dudosa en el intento de aparentar equidad de trato hacia los líderes políticos investigados por el mismo supuesto delito.

Probablemente, se piense que esta es la manera de reducir las críticas sobre la arbitrariedad de la prisión preventiva que venimos sufriendo mi esposo y yo, investigados desde hace más de 8 años, con reapertura de por medio y sin ningún riesgo procesal probado durante todo este periodo.
Espero, con la tranquilidad del ciudadano que aún cree en la justicia de su país, que estas no sean unas de tantas investigaciones débiles y fugaces -contra los políticos mencionados-, que terminan archivándose rápidamente, sin que se agoten los actuados o sin investigar todo lo debido, como muchos casos que la historia puede acreditar.

Espero con fe, que el miedo no tuerza conciencias, ni encuentre fiscales y jueces partidarizados y que la presión de las bancadas políticas y del poder económico no domine, ni aventaje el ejercicio del buen derecho.

Dicho esto, estoy convencida de que los investigados, antes mencionados, deben llevar su proceso en libertad y no se cometa la misma arbitrariedad que se perpetró contra nosotros. Especialmente resalto la situación de la señora Fujimori que es madre de hijos pequeños como yo. Los rigores de la prisión, son nada, comparados con el profundo sentimiento de vacío al no tener a los hijos cerca.
Aún cuando los congresistas de Fuerza Popular, del Partido Aprista, sus principales voceros e incluso sus propios líderes, reclamaron públicamente la prisión preventiva contra nosotros, regocijándose cuando ocurrió, no les deseo lo mismo.

Congresistas apristas fujimoristas y sus líderes consideran correcta prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia: https://twitter.com/LuisaCespedes8/status/916718652287631360

A pesar de la presión política y la amenaza directa a los miembros del Tribunal Constitucional para que fallaran a favor del Recurso de Agravio Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público, para reabrir la investigación del año 2009, no les guardo rencor.  Me allané a la sentencia y me siguen investigando hasta ahora.

“APRA amenaza al TC, si falla a favor de Nadine Heredia” (13/10/2015) 
https://goo.gl/oCaa9W

Con este precedente, estoy segura que ellos dejarán que las investigaciones sigan su rumbo. Más aún cuando la cosa decidida, no significa cosa juzgada. Y la Fiscalía puede investigar.
A menos que se pruebe fehacientemente un riesgo procesal, los investigados no debieran ser privados de su libertad prematuramente. Sí garantizar su permanencia en el país, sobre todo por el riesgo que supondría la doble nacionalidad, que muy probablemente les asiste, para afrontar sus procesos en el Perú, teniendo en cuenta que ambos han sido funcionarios públicos, durante el período 2006 – 2011, sería lo mínimo esperable.

Dar explicaciones a la justicia es su deber, un debido proceso, su derecho.



(Realizo esta comunicación en ejercicio de mi derecho fundamental a la libre opinión reconocido en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú)
*Texto entregado a través de mi abogado.

La denuncia que afronto, junto a mi esposo, miembros de mi familia y el Partido Nacionalista, tiene sus orígenes en una investigación del año 2009, que fue cerrada en dos instancias fiscales y reabierta 5 años después.

No es una denuncia por corrupción, es decir, por recibir dinero durante el gobierno para favorecer a una empresa, es una imputación por haber recibido, según la Fiscalía, aportes a la campaña del 2006 por parte del ex presidente Hugo Chávez y el 2011 de la empresa Odebrecht, respectivamente.

Quienes vivieron la campaña del 2006 deben acordarse de que el supuesto dinero venezolano fue el sambenito que distintos sectores mediáticos y políticos, siguiendo al entonces candidato Alan García, nos endosaban por estrategia electoral.

Incluso, el congresista Mauricio Mulder decía que habían ingresado al país tropas chavistas por la frontera con Bolivia e hizo hablar a un falso militar venezolano de apellido Boyer, quien reconocía haber traído el dinero de Chávez para la campaña del candidato Ollanta Humala. Algunos meses después, ese mismo venezolano denunció, a través de Canal N, que dicho parlamentario le había ofrecido 40 mil dólares para mentir y le reclamaba su pago. Aquel lo trató de loco.

Sucedieron, a lo largo de los años, varias versiones sobre el dinero venezolano: que venía en valijas diplomáticas, que llegaban en cajas de leche Gloria, en maletines, etc. Historias que cambiaban de nombres, montos y años, recreando el mismo tema sin ninguna prueba, más que la generación de un rumor.

Aquellas versiones periodísticas volvieron en el año 2011 a la carpeta del fiscal Juárez Atoche en palabras de testigos protegidos y aspirantes a colaboradores eficaces.

Por ejemplo, el falso militar venezolano “Capitán Boyer” volvió a escena, tal y como informaron los medios de prensa, como colaborador del fiscal, presentando una carta espuria del ex presidente Hugo Chávez, que increíblemente la Fiscalía invocó como prueba. 

Sabemos de sobra por la prensa, quiénes son esos testigos protegidos colaboradores. Lo sabe el Fiscal, lo saben los jueces y lo sabe la ciudadanía, pero yocomo imputada, no puedo revelar los nombres para defenderme y demostrar que mienten, porque constituye un delito develar la identidad de un colaborador de la justicia. Mientras tanto, en estos tiempos, los dichos de estos “testigos” son tomados como verdad por un fiscal, que voluntariamente no verifica y no corrobora lo que se señala, y por jueces que no se lo exigen.

Como parece que tengo que probar que soy inocente y no al contrario, mi defensa presentó, en su momentosenda documentación que acredita que no hubo ningún ingreso de dinero proveniente del estado venezolano a la campaña del año 2006.

Existe la declaración testimonial del presidente Kuczynski y del ex presidente Toledo ante el Fiscal JuárezTambién del ex Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) 2006, Julio Abel Raygada, quien fue a su vez Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. Asimismo, la declaración testimonial del Director de la DIGIMIN (2005-2008) General PNP(r), Jorge Washington Cárdenas Sáenz.

Cada uno de ellos desmiente haber informado, visto o tomado conocimiento acerca de la llegada de dinero procedente de Venezuelasin embargo, esos testimonios no son tomados en cuenta. El fiscal arma su propia historia en base al relato de sus colaboradoresque -sin ninguna corroboración- adquieren inusitado valor probatorio.

Adicionalmente, obra en la carpeta Fiscal el oficio N° 050-02-2016-DIRNOP  PNP/OFINTE- GREIS que descarta el presunto ingreso al país de valijas diplomáticas con dinero proveniente de la Repúblicade Venezuela a nombre de Virly Torres el año 2006 para financiar la campaña de Ollanta Humala.

Se hizo débil la imputación sobre dinero venezolanosin embargo, a partir del año 2011, se inició una búsqueda, desde otro frente, acerca de mis actividades, fuentes de ingresos, propiedades, pertenencia a organismos no gubernamentales, sociedades y empresas.

A su vez, acusaciones de todo tipo sirvieron para que se ordenara -múltiples veces- levantar mi secreto tributario, bancario y de comunicaciones en varias comisiones parlamentarias manejadas por fujimoristas y apristas.

Incluso, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional fue activada para que el Fiscal Juárez Atoche pudiera conocer si algún miembro de mi familia o yo teníamos cuentas no declaradas en el exterior, cuentas offshore, si el Partido Nacionalista había sido financiado a través de offshores o si teníamos ONGs en el Perú o en el extranjero.

Los resultados de la cooperación internacional en Francia, Brasil, Panamá, Venezuela, Barbados, ItaliaSuiza y otros concluyeron que no teníamos ninguna actividad en dichos países.
En Lima, la ONG Prodin, a la que se me vincula, no recibió donaciones de fuente ilegal, ni de Odebrecht, y la pequeña empresa Todograph, que pertenece a mis primos y sobre la cual se pretendió atribuirme lapropiedad, a través de un documento falso (y en fotocopia), dejó de funcionar por la estigmatización de la que fue objeto mediáticamente.

Todo este despliegue de investigación internacional (que abarcó la búsqueda desde el año 2006) se hizo sin ser yo funcionaria pública y mucho antes de que se conocieran las declaraciones del grupo Odebrecht.


Distinta es la Fiscalía ahora para otros políticos que  han sido funcionarios públicos. Para ellos, hay que esperar que llegue la información de Curitiba…

Ejerzo mi derecho legítimo a la defensa, pero también a protestar por la falta de equidad en el tratamiento, en relación con otros investigados. El doble rasero, la búsqueda del chivo expiatorio, desmerece al sistema de justicia y peor aún la lucha frontal contra la corrupción de la que tanto se ufanan aquellos que sí han sido servidores del Estado y que, al mismo tiempo, han hecho campaña electoral desde el año 2006.

Mientras los encargados de turno de ejercer justicia tienen en sus narices serios indicios e investigaciones diseminadas (que deberían acumularse) en relación a otros políticos, nosotros somos privados de nuestra libertad por simples sospechas, por testimonios sin corroborar, inventándonos arbitrariamente absurdas hipótesis de fuga, cuando lo cierto es que desde el día 1, que surgieron estas investigaciones, hemos estado enfrentándolas aquí y ahora.

(Realizo esta comunicación en ejercicio de mi derecho fundamental a la libre opinión reconocido en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú) *Texto entregado a través de mi abogado.


Durante el quinquenio 2011- 2016, el gobierno del presidente Ollanta Humala apostó por la educación como la prioridad en la agenda pública nacional. Dos ministros libraron la batalla junto a él por la Reforma Educativa. Esto se sintió no solo en el presupuesto asignado a la cartera de Educación, que pasó del 2.9% del PBI en el 2010 al 4% en el año 2016 -una cifra nunca antes alcanzada en la historia de nuestro país-, sino sobre todo en el interés que el mismo Presidente de la República imprimía en visibilizar las propuestas de cambio en la carrera docente y la mejora en infraestructura escolar.

Programas como Qali Warma que al año 2016 atendía a más de 3 millones 100 mil niños en el ámbito nacional. 

El incremento salarial a los maestros, que fue el mayor de los últimos 50 años, las capacitaciones docentes en universidades nacionales e internacionales. La intervención en el mejoramiento de infraestructura de más de 4 mil centros educativos, con colegios en las alturas de Ayacucho, Huánuco, Amazonas o Apurímac, por ejemplo, sin nada que envidiar a las grandes unidades escolares en Lima. 

La ejecución del Plan Selva para mejorar las capacidades de la educación pública en la Amazonía y la construcción de colegios acordes a las necesidades de las comunidadesLa aprobación de la Educación Intercultural Bilingüe como política de estado. La estrategia multisectorial del MinsaMinedu y Midis para el “Buen Inicio del Año Escolar”, que garantizaba desayuno y chequeos médicos periódicos a todos los niños desde el inicio de sus clases. 




La ampliación de los créditos estudiantiles y cómo no la entrega de 100 mil becas a adolescentes de nulos recursos, a través de Beca18, Beca VRAEM, Beca REPARED -para los hijos de las víctimas de la violencia interna-, Beca Licenciados, Beca Doble Oportunidad, Beca Excelencia. Así también a jóvenes de bajos recursos y alto potencial con Beca Presidente de la República, Beca Docente, entre otras.

Todo ello es resultado de un arduo y constante esfuerzo del presidente Ollanta, quien fijó un rumbo para los años venideros y comprometió a los ministros de Economía de su período en no bajar la guardia, en no desatender el sector. Tenía la seguridad de que una educación de calidad no solo era un derecho de todos nuestros niños, sino que era posible, de la mano del maestro, su permanente capacitación y su compromiso por sacarlos adelante.

Nunca se creyó ese estigma de que el sector Educación “no sabe gastar” y así lo demostró. El gobierno llegó a aumentar el presupuesto del sector en 4% del PBI por primera vez en la historia del Perú y a establecer altos porcentajes de ejecución. El presupuesto se usaba y se usaba eficientemente.

Lo señaló la OCDE en un informe acerca del quinquenio 2011-2016. “Los avances educativos en los últimos años han sido significativos (…) La educación peruana ha adquirido un papel central en la agenda política, lo cual es fundamental para fortalecer las bases del desarrollo futuro. Las medidas que se están implementando en los últimos años avanzan en la dirección correcta para cerrar las brechas existentes en acceso, calidad y pertinencia de la educación".

Sin embargo, no fue una reforma fácil de implementar, hubo mucha resistencia, al inicio sobre todo. Se necesitó mucha capacidad de diálogo por parte de la ministra Patricia Salas y de su equipo. Nuestros maestros temían, como ahora, por sus puestos de trabajo. El gobierno del presidente Ollanta viajó a muchas regiones, provincias, distritos, anexos, con equipos simultáneos, en conversaciones que tomaron meses.

Todo el Gabinete daba el respaldo necesario a la reforma. No se estigmatizaba a los maestros, la gestión consideró contraproducente que, por la sospecha contra una persona, acabaran metiendo en el mismo saco a todo el magisterio.

El nivel de diálogo con el ministro Jaime Saavedra no se redujo, por el contrario, se intensificó, de cara a las primeras evaluaciones de maestros, recogiendo su problemática y retroalimentando a la administración para las mejoras debidas.

El Presidente imprimió su propio sello en los discursos que diariamente daba en las diferentes regiones del país. Casi siempre visitaba una escuela pública para referirse a los beneficios de la reforma, a la calidad de los maestros que necesitábamos, al derecho que tienen de ser reconocidos en sus remuneraciones. A ser capacitados y evaluados en una verdadera carrera meritocrática, que los revalore frente a la sociedad como formadores de nuevos liderazgos en nuestro país. La última Prueba Pisa, realizada sobre las acciones del Gobierno Nacionalista, reveló que, al año 2016, el Perú fue el país que más avanzó en su rendimiento en ciencias, matemáticas y comprensión lectora en toda América Latina.

El presidente Ollanta comprometió a maestros, padres y niños en esta ardua tarea. En la certeza de que toda gran transformación pasa, indubitablemente, por sentar bases fuertes y duraderas de una buena educación en el país. Convirtió la política educativa peruana en una política de Estado, que sobrepasara los gobiernos y, en esa línea, brindó todo el apoyo necesario para que la nueva gestión mejorara lo necesario y continuara con lo bueno.

Asimismo, como lo necesitan todos los grandes cambios en los países democráticos, el Ejecutivo necesitó el valioso apoyo del Congreso de la República, y así fue. La bancada nacionalista, buscando las alianzas necesarias, trabajó junto a sus colegas congresistas para que los cambios normativos y presupuestarios fueran aprobados y encaminados. La tarea no siempre fue fácil. La Reforma Universitaria, por ejemplo, elaborada con la participación de todos los sectores involucrados, tuvo la férrea oposición del fujimorismo y el Apra, denunciados por defender intereses particulares de universidades privadas.  La educación se impuso y logró aprobarse.

Hoy, el panorama es diferente, vemos una mayoría parlamentaria obstruccionista, que -persiguiendo intereses subalternos- busca estancar una negociación difícil de por sí.

Sin dejar de reconocer los errores de coordinación y de posicionamiento en el Ejecutivo, la oposición debe dejar de lado sus propias ambiciones. La educación no puede tomarse como un botín político, eso denota en el fujimorismo el escaso interés en un tema que debiera merecer la unidad nacional.


(Realizo esta comunicación en ejercicio de mi derecho fundamental a la libre opinión reconocido en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú) *Texto entregado a través de mi abogado.